El secretario general de la Federación del Trópico, Julio Salazar
Cocaleros bolivianos deciden expulsión inmediata de agencia Usaid de EE UU
El pasado martes 24 autoridades municipales, movimientos sociales y trabajadores cocaleros expulsaron al personal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de Cochabamba. Julio Salazar, dirigente de las seis federaciones de productores de coca de Cochabamba, sostuvo que "Venezuela brindará apoyo tras la salida de USAID, y será una ayuda sin condiciones, porque Estados Unidos siempre pide algo a cambio".
Los dirigentes bolivianos decidieron expulsar de la región central de Chapare a la agencia estadounidense de cooperación Usaid, acusándola de apoyar supuestas actividades conspirativas contra el Gobierno de Evo Morales, y posteriormente se reunieron para formalizar la declaratoria de territorio libre de injerencia estadounidense en la región.
Por su parte, el gobierno del presidente Morales afirmó que el 90 por ciento de la cooperación de la Agencia Usaid está destinado a pagar los jugosos salarios a sus funcionarios y a las ONGs orientadas a conspirar contra el Gobierno. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres declaró que "por dignidad y soberanía las seis federaciones de productores de coca del trópico cochabambino tomaron la decisión de que salgan los funcionarios de Usaid de esa región".
Frente a la actividad de Usaid, dijo Cáceres, "el Gobierno lo que quiere con Estados Unidos son relaciones, pero respetando la soberanía y la dignidad de los bolivianos".
En tanto que la embajada de los Estados Unidos en Bolivia expresó su preocupación por la seguridad de sus funcionarios en la ciudad boliviana de La Paz y en la región del Chapare, departamento de Cochabamba. En un comunicado de prensa, la misión diplomática estadounidense indica que continúa intranquila por lo que pueda acontecer con su personal debido a las acciones y anuncios en contra de los intereses norteamericanos en el país.
La expulsión de Usaid fue decidida una semana después de que el embajador estadounidense, Philip Goldberg, fuera llamado a Washington para informar sobre las protestas en La Paz del pasado 9 de junio cuando un grupo de ciudadanos realizaron una marcha en inmediaciones de la sede diplomática de Estados Unidos condenando el asilo político otorgado por el gobierno de George W. Bush al ex ministro de Defensa de Bolivia, Carlos Sánchez, uno de los implicados en los hechos violentos de septiembre-octubre de 2003, donde murieron más de 60 civiles y hubo más de 400 heridos.
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