Manifestantes reclaman por la libertad de los detenidos Tras 64 días de huelga de hambre en demanda de que el gobierno argentino se expida en su pedido de refugio, y a casi dos años y medio de estar detenidos, los seis dirigentes de Patria Libre se encuentran en una crítica situación de salud. Médicos, organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo de Argentina recomiendan su traslado a un hospital. Dialogamos con los detenidos en la cárcel de Marcos Paz.
BUENOS AIRES, Argentina (Félix Daniel Barrios, especial para ABC Color). En las últimas semanas, representantes de diversas organizaciones han recorrido los 48 Km. que separan el centro de Buenos Aires con el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Hasta allí llegaron médicos enviados por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, médicos y abogados de la Defensoría del Pueblo de la Argentina, el integrante del Parlamento del Mercosur, Héctor Lacognata; representantes de la Asociación Americana de Juristas y hasta Martín Almada, Premio Nóbel Alternativo de la Paz, todos ellos con un mismo motivo: averiguar por el estado de salud de los seis paraguayos detenidos.
En esta cárcel, que es hoy sede de detención de personas vinculadas con causas de violación de derechos humanos durante la dictadura que gobernó la Argentina de 1976 a 1983, se encuentran detenidos los ciudadanos paraguayos Roque Rodríguez, Basiliano Cardozo, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano, Arístides Vera y Agustín Acosta.
Los seis paraguayos —que habían solicitado asilo político en la Argentina al ser acusados por la presunta participación en el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas— se encuentran detenidos a la espera de una definición por parte de la justicia argentina, que determinará si los extradita o no para ser juzgados en Paraguay. En los últimos días, el caso cobró especial interés cuando el gobierno argentino, a través de su ministro del Interior, Florencio Randazzo, decidió denegarles el asilo político, lo que hace que su extradición se torne inminente.
En reclamo de una definición, los detenidos se encontraban haciendo una huelga de hambre desde el pasado 15 de agosto y, al enterarse de la decisión del gobierno argentino, dejaron también de consumir líquidos. Los partes médicos hablan de que ya perdieron un promedio de 14 kilos cada uno, tienen síntomas de debilitamiento y presentan otros problemas de salud.
Hablamos con Arístides Vera, uno de los seis detenidos. Pese a los días que lleva sin comer, su voz suena firme y revela su entereza aunque, por momentos, se percibe también que está haciendo un gran esfuerzo por comunicar sus opiniones con la mayor claridad posible, en especial, siendo que debe aprovechar los pocos minutos con que cuenta para hablar con la prensa.
Nos interesamos por su estado de salud y el de los otros detenidos. “Estamos muy mal. Cumplimos 63 días de huelga de hambre. Hay compañeros que han perdido entre 18 y 20 kilos, y el desgaste físico ya se hace notar con fatigas, mareos, náuseas... una partida de cosas que el cuerpo ya empieza a notar enormemente”, relata Vera.
La recomendación médica
Vera y sus compañeros fueron revisados varias veces a lo largo de estos más de 60 días de huelga de hambre y, a raíz del deterioro físico que comienzan a evidenciar, los médicos recomendaron el traslado urgente a un hospital para mantener un control estricto de sus signos vitales, medio interno y función renal. El pasado viernes, Eduardo Soares, el abogado que los representa, elevó a la justicia argentina un pedido de internación en un hospital fuera del recinto carcelario ante el crítico cuadro de sus defendidos.
El mismo Vera nos cuenta de las últimas visitas recibidas: “Tuvimos la visita por parte de profesionales del Comité Internacional de la Cruz Roja, nos pidieron que depongamos nuestra medida de fuerza, pero nosotros dijimos que no. Esta medida la llevamos hasta las últimas consecuencias, es una decisión colectiva de los seis. Entonces nos dijeron que iban a recomendar nuestro traslado a un centro de salud en donde puedan monitorearnos constantemente. También recibimos a Ernesto Moreau, de la Asociación de Juristas Latinoamericanos, acompañado de una abogada de la procuración argentina, dijo que iba a plantear a la Corte Suprema que nos trasladen a un hospital, lo mismo que la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, que llegó con un grupo de médicos, han expresado su preocupación, y labraron algunas notas para presentar a la justicia y expresar la necesidad de trasladarnos”.
Alberto Kudric, miembro del consejo de administración de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), entidad que representa a los seis paraguayos, nos informó que su situación de salud es muy preocupante. “Hay dos que están muy mal: Roque, el de mayor edad, con antecedentes de problemas médicos, es al que se lo ve más delicado, Basiliano está bastante mal también, y yo me animaría a sumar ahora a Agustín, que está muy débil y con muchos dolores en todo el cuerpo”, explicó Kudric. Y agregó que la condición de los detenidos es tan extrema que el mismo ministro del Interior presionó para que levanten la huelga de hambre a cambio de revisar la resolución desfavorable. “Pero, como no dio garantías, no lo hicieron”, precisó el representante de la fundación.
La huelga de hambre tuvo un resultado: aceleró la definición política de parte del gobierno argentino acerca de si se les concedía el asilo político, pero la respuesta fue negativa. “El Estado argentino les denegó el refugio. Esto es grave, está agravado, ya que los seis dirigentes vienen a la Argentina después de haber hablado con el embajador argentino en Asunción, Rafael Romá”, señaló Kudric. Según explica el representante de FIDELA, el embajador les había aconsejado venir a la Argentina y tramitar el refugio directamente en este país. “Vayan a la Argentina que les van dar el refugio político, siempre se ha dado”, habría dicho el embajador. Pero, en vez de darles refugio, cuenta Kudric que los detuvieron dentro mismo de las dependencias del Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), dependiente del ministerio del Interior. En ese momento el ministro del Interior era Aníbal Fernández, hoy ministro de Justicia, quien, según palabras de Kudric, “los manda a detener ahí mismo violando todas las normas de confiabilidad que pueda tener el CEPARE”.
Para los ahora detenidos en Marcos Paz, la noticia fue “como un balde agua fría”. “Porque nosotros estábamos tan esperanzados… podemos decir, casi seguros, teniendo en cuenta la tradición y la historia que ha tenido la Argentina para con los paraguayos”, afirma Vera. “Aquí han venido políticos, músicos y cientos de compatriotas perseguidos por la dictadura y han recibido cobijo en esta tierra. Por eso nosotros esperábamos que nuestro pedido de asilo político iba a ser favorable. Sin embargo, se dio lo contrario”, comenta apesadumbradamente.
Muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos de la Argentina no logran explicarse el por qué de la medida de denegación del asilo. “Es contraria a la política llevada adelante por los Kirchner”, dicen. Kudric señala que “el motivo dado por el ministerio del Interior es el informe [de evaluación de quienes solicitan asilo] negativo elevado por el ministerio de Justicia, más exactamente de la secretaria de Derechos Humanos”. Y añade que, “en su momento, el entonces subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarolo, elevó un informe favorable, pero el anterior ministro del Interior, Aníbal Fernández, lo desestimó, dejándolo cajoneado”.
“El escrito con la resolución del ministerio del Interior ya llegó a la Corte Suprema, ahora habilita que la causa judicial por extradición sea tratada, por ello pedimos que le den pronto despacho a un pedido de excarcelación para los seis”, comenta Kudric, y explica que, “tradicionalmente, los que tienen pendiente un pedido de extradición o un pedido de refugio en marcha esperan la resolución en libertad, con las medidas lógicas del caso, con una caución o con lo que imponga la justicia, nunca presos”.
Los representantes legales de los detenidos abogan por una respuesta urgente de la justicia. Lo imperioso para ellos es que se les otorgue la excarcelación hasta tanto se resuelva si la extradición queda firme o si el proceso es considerado nulo por la Corte Suprema argentina. Los antecedentes de los jueces de la Corte hacen que guarden una esperanza de que el caso sea considerado favorablemente. Además, dada la situación de salud de los detenidos, se espera algún tipo de contemplación: “No sé qué médico va a firmar la autorización para subirlos a un avión y trasladarlos a Paraguay para ser juzgados. Médicamente, no están en condiciones de hacer ese viaje, ya que correría riesgo su vida”, sostiene Kudric. “Otro problema es que, si bien hay un cambio político, toda la estructura judicial del Paraguay, la Corte incluida, siguen siendo los mismos y responden a los mismos intereses. La esperanza es que las organizaciones populares y campesinas presionen para garantizar el proceso. También el juez Pedro Mayor Martínez es la mejor garantía, de referencias ejemplares”, opina Kudric de frente a lo que pueda suceder.
‘Queremos salir con vida’
En tanto que los detenidos creen que, después de dos años y cinco meses de permanecer detenidos sin condena, les correspondería gozar de la excarcelación. “Técnica y jurídicamente, corresponde. Nuestro pedido es que se curse la excarcelación para esperar la resolución de los señores ministros de la Corte [sobre] si corresponde o no la extradición. Nuestra defensa dice que la resolución del juez Lijo está plagada de irregularidades”, cuenta Vera, aún con esperanzas.
En cuanto a si sostendrán la huelga de hambre, Vera explica: “Nosotros estamos con esta medida hasta las últimas consecuencias. Queremos salir con vida, pero el cuerpo no te espera. No hace falta ser muy inteligente para ver que corremos riesgo con esta medida en las condiciones en las que estamos: más de 60 días de huelga de hambre, llevamos dos años y medio de mala alimentación de la cárcel, como campesinos hemos manejado durante años insecticidas de alto poder residual como los organofosforados y organofluorados, no sabemos hasta dónde llegará el cuerpo”.
Vera expresa su gratitud para con el pueblo argentino, y señala que no son prófugos de la justicia paraguaya, ya que ellos colaboraron en todo lo que se les indicó: “Nos presentamos ante la Justicia siempre, muchas veces con el Jesús en la boca… hay que ser sinceros, por la magnitud que había tomado el caso, teníamos mucho miedo. A pesar del miedo, nos presentamos. Pero la querella nunca pudo presentar una sola prueba en contra de nosotros, más allá de un único testimonio de un supuesto testigo. Por eso el juez Pedro Mayor Martínez indicó que siguiéramos libres”.
Finalizando la entrevista (los tiempos en la cárcel son rigurosos y debe terminar de hablar con la prensa a una hora específica), Vera se toma un minuto y remarca: “Queremos agradecer mucho al pueblo argentino, de gran solidaridad, que nos ha dado mucho afecto y calor”. Y, casi como mostrando el sentimiento que lo invadió al enterarse de que le habían negado el refugio, dice: “Hasta me animaría a decir que el gobierno no es digno del pueblo argentino”.
BUENOS AIRES, Argentina (Félix Daniel Barrios, especial para ABC Color). En las últimas semanas, representantes de diversas organizaciones han recorrido los 48 Km. que separan el centro de Buenos Aires con el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Hasta allí llegaron médicos enviados por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, médicos y abogados de la Defensoría del Pueblo de la Argentina, el integrante del Parlamento del Mercosur, Héctor Lacognata; representantes de la Asociación Americana de Juristas y hasta Martín Almada, Premio Nóbel Alternativo de la Paz, todos ellos con un mismo motivo: averiguar por el estado de salud de los seis paraguayos detenidos.
En esta cárcel, que es hoy sede de detención de personas vinculadas con causas de violación de derechos humanos durante la dictadura que gobernó la Argentina de 1976 a 1983, se encuentran detenidos los ciudadanos paraguayos Roque Rodríguez, Basiliano Cardozo, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano, Arístides Vera y Agustín Acosta.
Los seis paraguayos —que habían solicitado asilo político en la Argentina al ser acusados por la presunta participación en el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas— se encuentran detenidos a la espera de una definición por parte de la justicia argentina, que determinará si los extradita o no para ser juzgados en Paraguay. En los últimos días, el caso cobró especial interés cuando el gobierno argentino, a través de su ministro del Interior, Florencio Randazzo, decidió denegarles el asilo político, lo que hace que su extradición se torne inminente.
En reclamo de una definición, los detenidos se encontraban haciendo una huelga de hambre desde el pasado 15 de agosto y, al enterarse de la decisión del gobierno argentino, dejaron también de consumir líquidos. Los partes médicos hablan de que ya perdieron un promedio de 14 kilos cada uno, tienen síntomas de debilitamiento y presentan otros problemas de salud.
Hablamos con Arístides Vera, uno de los seis detenidos. Pese a los días que lleva sin comer, su voz suena firme y revela su entereza aunque, por momentos, se percibe también que está haciendo un gran esfuerzo por comunicar sus opiniones con la mayor claridad posible, en especial, siendo que debe aprovechar los pocos minutos con que cuenta para hablar con la prensa.
Nos interesamos por su estado de salud y el de los otros detenidos. “Estamos muy mal. Cumplimos 63 días de huelga de hambre. Hay compañeros que han perdido entre 18 y 20 kilos, y el desgaste físico ya se hace notar con fatigas, mareos, náuseas... una partida de cosas que el cuerpo ya empieza a notar enormemente”, relata Vera.
La recomendación médica
Vera y sus compañeros fueron revisados varias veces a lo largo de estos más de 60 días de huelga de hambre y, a raíz del deterioro físico que comienzan a evidenciar, los médicos recomendaron el traslado urgente a un hospital para mantener un control estricto de sus signos vitales, medio interno y función renal. El pasado viernes, Eduardo Soares, el abogado que los representa, elevó a la justicia argentina un pedido de internación en un hospital fuera del recinto carcelario ante el crítico cuadro de sus defendidos.
El mismo Vera nos cuenta de las últimas visitas recibidas: “Tuvimos la visita por parte de profesionales del Comité Internacional de la Cruz Roja, nos pidieron que depongamos nuestra medida de fuerza, pero nosotros dijimos que no. Esta medida la llevamos hasta las últimas consecuencias, es una decisión colectiva de los seis. Entonces nos dijeron que iban a recomendar nuestro traslado a un centro de salud en donde puedan monitorearnos constantemente. También recibimos a Ernesto Moreau, de la Asociación de Juristas Latinoamericanos, acompañado de una abogada de la procuración argentina, dijo que iba a plantear a la Corte Suprema que nos trasladen a un hospital, lo mismo que la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, que llegó con un grupo de médicos, han expresado su preocupación, y labraron algunas notas para presentar a la justicia y expresar la necesidad de trasladarnos”.
Alberto Kudric, miembro del consejo de administración de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), entidad que representa a los seis paraguayos, nos informó que su situación de salud es muy preocupante. “Hay dos que están muy mal: Roque, el de mayor edad, con antecedentes de problemas médicos, es al que se lo ve más delicado, Basiliano está bastante mal también, y yo me animaría a sumar ahora a Agustín, que está muy débil y con muchos dolores en todo el cuerpo”, explicó Kudric. Y agregó que la condición de los detenidos es tan extrema que el mismo ministro del Interior presionó para que levanten la huelga de hambre a cambio de revisar la resolución desfavorable. “Pero, como no dio garantías, no lo hicieron”, precisó el representante de la fundación.
La huelga de hambre tuvo un resultado: aceleró la definición política de parte del gobierno argentino acerca de si se les concedía el asilo político, pero la respuesta fue negativa. “El Estado argentino les denegó el refugio. Esto es grave, está agravado, ya que los seis dirigentes vienen a la Argentina después de haber hablado con el embajador argentino en Asunción, Rafael Romá”, señaló Kudric. Según explica el representante de FIDELA, el embajador les había aconsejado venir a la Argentina y tramitar el refugio directamente en este país. “Vayan a la Argentina que les van dar el refugio político, siempre se ha dado”, habría dicho el embajador. Pero, en vez de darles refugio, cuenta Kudric que los detuvieron dentro mismo de las dependencias del Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), dependiente del ministerio del Interior. En ese momento el ministro del Interior era Aníbal Fernández, hoy ministro de Justicia, quien, según palabras de Kudric, “los manda a detener ahí mismo violando todas las normas de confiabilidad que pueda tener el CEPARE”.
Para los ahora detenidos en Marcos Paz, la noticia fue “como un balde agua fría”. “Porque nosotros estábamos tan esperanzados… podemos decir, casi seguros, teniendo en cuenta la tradición y la historia que ha tenido la Argentina para con los paraguayos”, afirma Vera. “Aquí han venido políticos, músicos y cientos de compatriotas perseguidos por la dictadura y han recibido cobijo en esta tierra. Por eso nosotros esperábamos que nuestro pedido de asilo político iba a ser favorable. Sin embargo, se dio lo contrario”, comenta apesadumbradamente.
Muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos de la Argentina no logran explicarse el por qué de la medida de denegación del asilo. “Es contraria a la política llevada adelante por los Kirchner”, dicen. Kudric señala que “el motivo dado por el ministerio del Interior es el informe [de evaluación de quienes solicitan asilo] negativo elevado por el ministerio de Justicia, más exactamente de la secretaria de Derechos Humanos”. Y añade que, “en su momento, el entonces subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarolo, elevó un informe favorable, pero el anterior ministro del Interior, Aníbal Fernández, lo desestimó, dejándolo cajoneado”.
“El escrito con la resolución del ministerio del Interior ya llegó a la Corte Suprema, ahora habilita que la causa judicial por extradición sea tratada, por ello pedimos que le den pronto despacho a un pedido de excarcelación para los seis”, comenta Kudric, y explica que, “tradicionalmente, los que tienen pendiente un pedido de extradición o un pedido de refugio en marcha esperan la resolución en libertad, con las medidas lógicas del caso, con una caución o con lo que imponga la justicia, nunca presos”.
Los representantes legales de los detenidos abogan por una respuesta urgente de la justicia. Lo imperioso para ellos es que se les otorgue la excarcelación hasta tanto se resuelva si la extradición queda firme o si el proceso es considerado nulo por la Corte Suprema argentina. Los antecedentes de los jueces de la Corte hacen que guarden una esperanza de que el caso sea considerado favorablemente. Además, dada la situación de salud de los detenidos, se espera algún tipo de contemplación: “No sé qué médico va a firmar la autorización para subirlos a un avión y trasladarlos a Paraguay para ser juzgados. Médicamente, no están en condiciones de hacer ese viaje, ya que correría riesgo su vida”, sostiene Kudric. “Otro problema es que, si bien hay un cambio político, toda la estructura judicial del Paraguay, la Corte incluida, siguen siendo los mismos y responden a los mismos intereses. La esperanza es que las organizaciones populares y campesinas presionen para garantizar el proceso. También el juez Pedro Mayor Martínez es la mejor garantía, de referencias ejemplares”, opina Kudric de frente a lo que pueda suceder.
‘Queremos salir con vida’
En tanto que los detenidos creen que, después de dos años y cinco meses de permanecer detenidos sin condena, les correspondería gozar de la excarcelación. “Técnica y jurídicamente, corresponde. Nuestro pedido es que se curse la excarcelación para esperar la resolución de los señores ministros de la Corte [sobre] si corresponde o no la extradición. Nuestra defensa dice que la resolución del juez Lijo está plagada de irregularidades”, cuenta Vera, aún con esperanzas.
En cuanto a si sostendrán la huelga de hambre, Vera explica: “Nosotros estamos con esta medida hasta las últimas consecuencias. Queremos salir con vida, pero el cuerpo no te espera. No hace falta ser muy inteligente para ver que corremos riesgo con esta medida en las condiciones en las que estamos: más de 60 días de huelga de hambre, llevamos dos años y medio de mala alimentación de la cárcel, como campesinos hemos manejado durante años insecticidas de alto poder residual como los organofosforados y organofluorados, no sabemos hasta dónde llegará el cuerpo”.
Vera expresa su gratitud para con el pueblo argentino, y señala que no son prófugos de la justicia paraguaya, ya que ellos colaboraron en todo lo que se les indicó: “Nos presentamos ante la Justicia siempre, muchas veces con el Jesús en la boca… hay que ser sinceros, por la magnitud que había tomado el caso, teníamos mucho miedo. A pesar del miedo, nos presentamos. Pero la querella nunca pudo presentar una sola prueba en contra de nosotros, más allá de un único testimonio de un supuesto testigo. Por eso el juez Pedro Mayor Martínez indicó que siguiéramos libres”.
Finalizando la entrevista (los tiempos en la cárcel son rigurosos y debe terminar de hablar con la prensa a una hora específica), Vera se toma un minuto y remarca: “Queremos agradecer mucho al pueblo argentino, de gran solidaridad, que nos ha dado mucho afecto y calor”. Y, casi como mostrando el sentimiento que lo invadió al enterarse de que le habían negado el refugio, dice: “Hasta me animaría a decir que el gobierno no es digno del pueblo argentino”.
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